Por: Jannett Oporto Villegas
“He vivido 7 años en la cárcel con mis 5 hijos. Justicia para los pobres, para la gente de escasos recursos es impensable” (Eulalia)
Los trámites estaban paralizados, los abogados no podían entrar, “y cuando entraban sólo era para pedirnos plata; nuestros familiares no podían venir ni hacer seguimiento a los trámites, nadie podía salir a las calles, estábamos encerradas tratando de salvar nuestras vidas y ayudándonos entre nosotras” (Beatriz).
“Hacíamos sopitas juntando maderitas para encender un fogón porque no había gas. Muchas dejaban de comer para dar su ración a las que tenían hijos” (Rosita)
10 de noviembre de 2022.- El testimonio de Eulalia, de Beatriz, de Rosita, de Vanesa y otras mujeres privadas de libertad a las que infoRSE entrevistó para la realización de este Reportaje reflejan el drama que vivieron las mujeres en todas las cárceles del país durante la cuarentena, por la COVID-19 pero las historias también nos brindan una radiografía de la realidad que enfrentan en temas de administración de justicia, salud, alimentación y la vulneración de sus derechos.
De 1.072 mujeres privadas de libertad, en las cárceles de Bolivia, el 71% se encuentran en situación de detención preventiva; Se trata de mujeres –en la mayoría de los casos— juzgadas con un alto grado de discriminación-sesgo por el sólo hecho de ser mujeres. Muchos de los delitos que cometieron están vinculados a la pobreza. La vulneración de sus derechos se vio agravada por la pandemia de la COVID-19, por la falta de acceso a la justicia oportuna y transparente, y la resistencia de juzgadores de aplicar la jurisprudencia del enfoque de género a la hora de decidir enviar a una mujer tras las rejas.
Algunas de ellas lo están debido a que al intentar salvar su vida cometieron un delito y fueron sentenciadas a 30 años de prisión; también se encuentran mujeres embarazadas, adultas mayores, enfermas con VIH. A la fecha de la investigación, marzo de 2021, 82 niños vivían el encierro con sus madres.
Se trata de mujeres que transgredieron las normas, robaron por necesidad o se involucraron en microtráfico de sustancias controladas (18 gramos de marihuana o hicieron de “mulas” con 1 kilo de cocaína).
Podcast -Reportaje
Las mujeres privadas de libertad es una población a la que se vulneran sus derechos con frecuencia. Esta situación se vio agravada debido a las restricciones que impuso la pandemia por la COVID-19, pero también por el enfoque punitivo de la justicia antes que restaurador y porque los juzgadores se resisten a aplicar la perspectiva de género al tiempo de enviar a una mujer a la cárcel.
Se trata de un sistema en el que para las privadas de libertad reina el retraso procesal, el abuso de la detención preventiva y la revictimización, y no sólo de las mujeres adultas, sino también de las niñas y adolescentes, y mujeres que también son víctimas del abuso y extorsión de los abogados.
De acuerdo con un informe de la Dirección de Régimen Penitenciario, la población carcelaria total a marzo de 2021, entre hombres y mujeres, era de 17.653 y el hacinamiento, de 161%.
Todos ellos viviendo en infraestructuras construidas para sólo 6.765 personas.
Del total de la población recluida, a marzo de 2021, según datos de la Dirección de Régimen Penitenciario, 1.072 son mujeres, lo que representa el 6,07%. Ellas se encuentran en 23 recintos penitenciarios, de los cuales solo 4 fueron construidos exclusivamente para mujeres: 2 en La Paz (Obrajes y Miraflores), 1 en Cochabamba (San Sebastián Mujeres) y 1 en Beni (Centro Trinidad).
Bolivia ocupa el séptimo lugar en reclusión de mujeres entre 35 países que componen la Organización de Estados Americanos (OEA).
1.072 mujeres privadas de libertad puede parecer una cifra menor, “pero en realidad la tasa de encarcelamiento es mayor al promedio mundial, como ha sido advertido por organismos internacionales y, aparentemente, esta cifra históricamente ha omitido que el Estado desarrolle esfuerzos para incorporar el enfoque de género en el sistema penitenciario, y también penal, en lo que corresponde a mujeres en conflicto con la ley penal”, señala el Informe judicial y acceso a la información durante la pandemia de COVID-19 en Bolivia, de la Fundación Construir, y suscrito por organizaciones de la sociedad civil.
Según el director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, el porcentaje de mujeres privadas de libertad bajó unos puntos en los últimos años. “Por mucho tiempo, Bolivia registraba el 8%. Los últimos 7 u 8 decretos presidenciales de Indulto y Amnistía, aprobados por razones humanitarias, beneficiaron principalmente a mujeres, lo que permitió que ahora estemos en 6,07%”, afirma.
En este escenario, lo que llama la atención y dice mucho del sistema penitenciario de Bolivia es que, de las 1.072 privadas de libertad, sólo 304 cuentan con sentencia; 768 mujeres (el 71%) se encuentran con detención preventiva y ni la emergencia de la COVID- 19, como se verá más adelante, fue aprovechado para excarcelarar a esta población vulnerable.
Detención preventiva una excusa
En la Audiencia Regional de la Comisión Interamericana de los Derecho Humano (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) realizada el 21 de marzo de 2021, la sociedad civil organizada, a través de su representante, mencionó que todo parece indicar que la pequeña proporción de mujeres, en relación a la población total del sistema penal ha sido una excusa para no dar respuesta a los derechos de las mujeres privadas de libertad en el contexto de la COVID-19.
El común denominador, es el uso sistemático de la detención preventiva, graves falencias en atención en salud y alimentación, imposibilidad de garantizar el distanciamiento social debido al hacinamiento, imposibilidad de acceso a productos de higiene y de productos para protección frente al virus.
En la audiencia también se informó que muchas de las medidas tomadas por los Estados no consideraron la situación de las mujeres privadas de libertad. Se hizo referencia al cierre de las prisiones y la prohibición de visitas y que estas provocaron impactos desproporcionados dado que las dejó sin su red de apoyo, la paralización del sistema judicial, la suspensión de audiencias, de trámites de libertad, la falta de acceso a medidas de protección, entre otros, vulneraron aún más sus derechos.
En esta Audiencia Regional, la sociedad civil organizada, a la cabeza de la Fundación Construir presentó un informe con datos relevantes de lo que estaba pasando en los centros de reclusión de Bolivia, en el contexto de la COVID-19, y se refirió a la falta de acceso a información pública y cuestionó la falta de independencia judicial
Detención preventiva viola su derecho a la justicia
Los largos periodos de detención preventiva se constituyen en una vulneración del derecho que tienen las mujeres privadas de libertad a una justicia plural, pronta y oportuna. Este derecho que es permanentemente vulnerado por la justicia boliviana se agravó en 2020.
El testimonio de mujeres que actualmente se encuentran en el Centro de Orientación Femenina (COF) de Obrajes de la ciudad de La Paz y de otras que ya están en situación de libertad, condicional, domiciliaria y definitiva nos permite conocer esta realidad.
“He permanecido en el COF de Obrajes de la ciudad de La Paz 4 años en situación de detenida preventivamente y he vivido en carne propia el abuso de poder y su influencia en los administradores de Justicia” (Rosita)
“Soy extranjera, me enamore de un boliviano que me maltrataba, murió en el hospital. Estoy detenida preventivamente 6 años. Si te defiendes terminas en la cárcel” (Vanesa)
El testimonio de Rosita y Vanesa es el de muchas privadas de libertad, mujeres de áreas rurales, indígenas, extranjeras y otras de escasos recursos.
“Estoy 1 año y 8 meses con detención preventiva. Soy extranjera. No he podido sacar ni un alfiler de la casa donde vivía, hasta ahora está precintada, y mis hijos están solos” y mi delito es no haberme divorciado. (Jhoanna)
Las 10 mujeres entrevistadas para la elaboración de este reportaje comentaron que durante 2020 lo que se hizo en materia de acceso a justicia fue mínimo.
De acuerdo con la normativa vigente, el tiempo máximo de detención preventiva es de 18 meses —si no hay cargos formales— y de 36 meses para todos los casos. Sin embargo, estos tiempos se superan regularmente, señala un informe del Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y la Violencia de Estado (ITEI), actualizado a mayo de 2020.
El director de Régimen Penitenciario Juan Carlos Limpias manifiesta que el alto porcentaje de mujeres con detención preventiva es un tema que está siendo analizado con el Tribunal Supremo de Justicia.
“71% es un porcentaje alarmante y es necesario que vaya bajando, especialmente el de mujeres y madres privadas de libertad. Se está viendo ese tema en el marco del nuevo indulto”, señala Limpias.
Para el director Nacional del Consejo de la Magistratura, Adán Mancilla, la mora procesal y la corrupción son un mal endémico que dañan la justicia y que en su gestión se está trabajando para identificar a los funcionarios que están incurriendo en estas faltas para que luego de un informe sean procesados.
“Tenemos que ser respetuosos de los plazos procesales en lo que corresponde a la cesación de la detención preventiva. 71% de personas en esta condición es un porcentaje muy alto. Tenemos que trabajar en un plan de descongestionamiento específicamente con enfoque de género”, advierte, Adán Mansilla.
Para Thierry Rostan representante de la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas (UNODC) en Bolivia se trata de una tasa altamente significativa que refuerza la necesidad de implementar políticas en favor de esta población y más aún cuando vemos cómo estas vulnerabilidades se incrementan si una mujer, además de estar privada de libertad, está embarazada o tiene hijos que viven con ella o son mujeres adultas mayores con alguna enfermedad”.
En ese contexto menciona que hay una urgente necesidad de que se revierta el uso desproporcionado e injustificado de la detención preventiva porque tiene consecuencias dramáticas para mujeres, sobre todo de bajos ingresos.
El ministro de Justicia, Iván Lima, sostuvo que a raíz de la pandemia se ha emprendido una serie de actividades que buscan modernizar los sistemas de justicia, entre ellos está el salto tecnológico. “Ya se han dado experiencias y esfuerzos para la implementación de herramientas digitales que permitan tener un sistema de justicia eficaz y que garantice los derechos de la toda la población, en especial en el escenario de crisis sanitaria por la COVID-19 que, en muchos casos, ha dificultado el acceso a la justicia”, dijo.
Pilar Diaz, directora de la Fiscalía especializada en Delitos de violencia sexual y en Razón de Género menciona que para no paralizar el acceso a la justicia de todos los privados de libertad y en particular de las mujeres, en el contexto de la pandemia por la COVID-19, se implementó el sistema de audiencias a distancia y también se están realizando muchos talleres de capacitación a los fiscales en todo lo referente a la perspectiva de género.
Respecto de las audiencias a distancia, dice que se siguen desarrollando con señalamientos a los fiscales y se realizan como si fueran presenciales.
Marisol Quiroga, directora de la Fundación Esperanza, observa que las audiencias a distancia que se implementaron son insuficientes, pues no resuelven el problema de acceso a la justicia.
“Los abogados no podemos estar cerca ni comunicarnos con nuestro defendido y ese es un momento muy importante para la buena defensa”, arguye.
Susana Saavedra, directora de la Fundación Construir, manifiesta que “si bien las audiencias a distancia son una buena práctica, aún están pendientes mejoras. En las audiencias cautelares no podemos hacer investigación, monitorear el debido proceso, entre otros. Se tiene que garantizar el acceso a la información y control, desarrollar insumos para reformar medidas que garanticen el debido proceso”.
Y en el marco del debido proceso, para Saavedra lo más importa, un aspecto medular, es la falta de condiciones para una administración de justicia independiente.
La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, explicó que durante la cuarentena rígida, no había forma de acceder a los cuadernos del Ministerio Público y “la Fiscalía ha rehusado a la Defensoría del Pueblo acceder al Sistema de Justicia Libre, que era el único canal con el que se contaba”, en la pasada gestión.
Un indulto que no logró disminuir la población carcelaria de mujeres
Según datos de la Dirección de Régimen Penitenciario, de las 1.072 privadas de libertad, a marzo de 2021, cerca del 54% se encuentra en esta condición por delitos menores, robo, hurto, microtráfico y delitos contra la propiedad.
La mayoría son mujeres de escasos recursos, con mínimo nivel de educación, con algún grado de discapacidad, son mujeres adultas mayores, algunas viven con sus hijos menores de 5 años, muchas están embarazadas, otras tienen enfermedades de base y también hay quienes tienen VIH.
La teniente coronel Karina Figueroa, directora del Centro de Orientación Femenina (COF) de Obrajes, confirma que en este recinto hay mujeres embarazadas, y madres con 18 niños, enfermas con VIH y adultas mayores “abuelitas” que padecen diferentes enfermedades de base y también .mujeres que son olvidadas por sus entorno familiar.
En el contexto de la pandemia por la COVID-19 y la cuarentena que se vivió en 2020, Fundación Construir y las organizaciones de la sociedad civil recomendaron la necesidad de disminuir la población carcelaria, beneficiando con indultos y amnistías a la población vulnerable, como las mencionadas en el párrafo anterior. Sin embargo, en Bolivia el Decreto Presidencial de Amnistía e Indulto por Razones Humanitarias y de Emergencia Nacional benefició a muy pocas personas.
Según Juan Carlos Limpias, director de Régimen Penitenciario, a nivel nacional, sólo 300 personas – entre hombres y mujeres- lograron beneficiarse con este Decreto.
Susana Saavedra, directora de la Fundación Construir, recuerda que el Decreto Presidencial Nro. 4226, del 4 de mayo de 2020, de Amnistía e Indulto por Razones Humanitarias y de Emergencia Sanitaria Nacional en todo el Territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, contra el Contagio y Propagación del Coronavirus (COVID-19), fue restrictivo y que, por ejemplo, el beneficio no llegó a las mujeres privadas de libertad por temas de sustancias controladas con penas menores a 10 años.
Naciones Unidas, en ese entonces, en un pronunciamiento nacional e internacional junto a otras organizaciones pidió que se revise y modifique la norma para que un número mayor de personas privadas de libertad se beneficie rebajando las condiciones y limitaciones que presentaba, principalmente en temas de robo, y sustancias controladas.
“Realmente, el gobierno de ese entonces no escuchó las recomendaciones que se hacían desde los organismos internacionales”, lamenta Limpias.
Naciones Unidas y las organizaciones de la sociedad civil también se pronunciaron por la omisión de la perspectiva de género en las medidas destinadas a mitigar la incidencia de la COVID-19. “Es necesario integrar una perspectiva de género e interseccional, especialmente teniendo en cuenta la situación de especial vulnerabilidad que sufren menores de edad, adultos mayores, mujeres embarazadas o acompañadas de sus hijos e hijas y personas con discapacidad”, daba cuenta el documento.
La falta de respuesta del Estado motivó que en marzo de 2020 los privados de libertad expresen su preocupación en motines escalonados en las diferentes cárceles del país. En el Centro de Orientación Femenina de Obrajes, según testimonios de las privadas de libertad, había mucho temor, la atención en salud era muy precaria, también la alimentación era escaza, debido a la falta de provisiones y no tenían insumos de bioseguridad.
“Todas hemos enfermado, nos hemos cuidado como podíamos, nadie podía decir nada, daba mucho miedo” (Jhoanna) “Un día era sopa, al otro día segundo y cuando no hay, es cuando más hambre tienes” (María).
“No teníamos gas y hemos llegado a cocinar haciendo fogatas, en momentos que incluso protegíamos el fuego de la lluvia con lo que podíamos para comer una sopita” (Rosita)
Precariedad de atención en salud
Ramiro Narváez, exdirector del Servicio Departamental de Salud de La Paz, recuerda que en “ese momento todo era temor e incertidumbre, los recursos eran escasos y por esa razón se optó por realizar megarrastrillajes, incluidos los centros penitenciarios”.
Con todas las debilidades que tenía el sistema de salud se enfrentó la primera ola realizando megarrastrillajes y atendiendo a las personas de los centros carcelarios con la misma prioridad que a cualquier otro ciudadano, comenta Guido Chuquimia, ex responsable de COVID-19 del Servicio Departamental de Salud de La Paz.
“Al llamado del Centro de Orientación Femenina se dispuso de brigadas. Alguna vez me tocó ir personalmente. Se priorizaban las pruebas PCR, que hasta ahora son el método más confiable. Se hicieron pruebas por muestreo, debido a que era muy difícil atender a toda la población. En una oportunidad se identificó a una joven madre que cursaba un embarazo y estaba con COVID-19, y con amenaza de parto prematuro. Se aisló a la paciente y se le brindó la atención que necesitaba”, cuenta.
Añade que, en ese contexto, lo que se tiene que rescatar es la colaboración de la población privada de libertad, sobre todo por los esfuerzos que realizaron para habilitar lugares que les permitieron el aislamiento y la solidaridad, entre ellos, para su cuidado. “Un médico y una enfermera para la atención a todas las personas que viven en el COF definitivamente es muy poco; por ello era urgente tomar medidas extremas, como prohibir las visitas, una decisión que se adoptó de manera conjunta”, rememora Chuquimia.
El director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, confirma que en todas las cárceles del país, incluidos los Centros de Orientación Femenina, sólo cuentan con un médico general y que con apoyo de la trabajadora social las mujeres que requieren la atención de otras especialidades deben tramitar un permiso para salir del recinto.
Las recomendaciones internacionales señalan que debe existir atención especializada; ginecólogos, pediatras, entre otros “No brindar estos servicios constituye una vulneración a los derechos que tienen las mujeres privadas de libertad”, enfatiza Saavedra.
Según Limpias, en la actualidad la restricción de visitas se flexibilizó en el COF de Obrajes, los familiares acuden 2 veces a la semana, según la terminación de su carnet de identidad. Solo pueden ingresar menores de 50 años. También se prohíbe el ingreso con menores de edad.
Mientras que en el Centro de Orientación de Miraflores, donde están recluidas 56 mujeres, a marzo de 2021, las privadas de libertad no reciben visitas.
Un nuevo indulto
En la actualidad, el Servicio Plurinacional de Defensa Pública, la Defensoría del Pueblo y otras entidades se encuentran socializando con los y las privadas de libertad el Decreto Presidencial N° 4461 de Amnistía e Indulto, a fin de que conozcan los beneficios y virtudes de la mencionada disposición legal por razones humanitarias.
“Estoy muy optimista, con mi abogado hemos decidido presentar la solicitud para que me pueda beneficiar con el nuevo indulto. Lo único que quiero es ver a mis niñas, 3 de ellas son menores de 12 años” (Anita)
Según esta norma, se beneficiarán privadas de libertad mayores de 55 años y varones mayores de 58 años, personas con discapacidad grave o muy grave, con enfermedad crónica, avanzada o en estado terminal, también personas que tengan bajo su custodia o cuidado exclusivo a uno o varios hijos menores de 12 años o con discapacidad grave o muy grave, mujeres en estado de gestación y que no se encuentren en las causales de exclusión para acceder a este beneficio de perdón judicial, también podrían beneficiarse las personas que tienen sentencias menores a 10 años.
La directora de la Fundación Construir, Susana Saavedra, señala “tenemos algo de esperanza con el nuevo indulto, tiene luces y sombras pero algo inédito es que hace una exclusión y dice que quedarán excluidas las mujeres que tienen cuidado de menores de 12 años, personas con discapacidad, enfermos terminales. En ese contexto pensamos que a partir de ahí se podrá descongestionar las cárceles, por delitos leves, porque está claro que el Estado no tiene condiciones para satisfacer sus derechos”.
El impacto de la cuarentena en mujeres que son cabeza de familia
“Yo muchas veces me beneficio para trabajar de taxi (llamar o buscar a las personas cuando hay visitas), es una forma para generar recursos que nos permita tener algo de ingresos dentro del penal, pero al no haber visitas la situación se puso muy difícil” (María)
“Para ayudarnos solo tenemos que poder trabajar dentro del penal. Hay posibilidades de hacer trabajos de limpieza o lavado de ropa. También tejemos, pero durante la pandemia nada de eso se podía hacer” (Anita) El testimonio de María y Anita, ambas recluidas en el Centro de Orientación de Obrajes es similares a lo que ocurrió en todos los centros penitenciarios del país.
En el Centro de Orientación Femenina de Obrajes, de la ciudad de La Paz, uno de los cuatro que existen en el país construidos solo para mujeres, hasta marzo de 2021 estaban recluidas 199 privadas de libertad. Es un reciento que fue construido en 1957 y tiene capacidad de albergar a 245 mujeres. Entre las 199 reclusas estaban mamás de 18 niños: 3 lactantes, 8 entre 1 y 2 años, y 7, de 3 a 6 años.
Estas mujeres para alimentar a estos niños trabajan dentro del recinto y muchas otras, aunque estén privadas de libertad, siguen siendo el sostén de sus hogares, por lo que deben generar ingresos para enviar a sus hijos y familiares. Pero tal como confirma la directora del COF de Obrajes, Karina Figueroa, muchas de las actividades que realizaban las señoras, como tejido, costura, “se hacían hasta polleras”, se vieron restringidas por la pandemia. “En la actualidad estamos tratando de reactivar su economía con la panadería y el lavado de ropa, que volvieron a funcionar”, agrega.
Juan Carlos Limpias, director de Régimen Penitenciario, añadió que se están realizando gestiones, ante diferentes instancias incluidas universidades para reactivar la formación técnica que también beneficie a mujeres y para reactivar su economía se está viendo la posibilidad de realizar ferias, junto a actores privados, donde las y los privados de libertad puedan exponer su trabajo y mano de obra.
Buenas prácticas
El representante de la UNODC en Bolivia, Thierry Rostan, dice que también esta organización de Naciones Unidas espera poder retomar el trabajo con mujeres privadas de libertad, en la capacitación para que tengan mejores oportunidades cuando les toque salir de los recintos penitenciarios. El proyecto “Construyendo Libertad” que se desarrolla con enfoque de género y sostenibilidad y que cuenta con el financiamiento del Estado de Qatar, es uno de ellos.
En el marco de esta iniciativa mujeres de los recintos penitenciarios de Miraflores y Obrajes incursionaron en el ámbito de la construcción civil para tareas de obra fina. Este proyecto plantea el quiebre de estereotipos de género que afectan a las mujeres en los ámbitos educativo y laboral “Un área, en el pasado, pensada más para varones, pero ellas tuvieron la visión de capacitarse y certificarse en esta especialidad. Es un ámbito que tiene más oportunidades para que en el futuro ellas puedan generar sus propios ingresos” señala Rostan.
En esta perspectiva y en el marco de buenas prácticas, el proyecto “Acceso a la justicia” de la cooperación Suiza en Bolivia a través de MIGA, una organización de la sociedad civil, apoyó la articulación de tres escuelas de gastronomía para la capacitación de personas privadas de libertad en nutrición y alimentación saludable, también se inició un curso de formación técnico laboral en gastronomía para privadas de libertad del Centro de Orientación Femenina de Obrajes.
La crisis, por la pandemia fue muy dura
“Hemos llegado a pedir auxilio para que nos ayuden con alimentos e insumos de bioseguridad, sobre todo para las personas más pobres y que nunca tienen visitas, y que han sido totalmente abandonadas, pero también para que nos ayuden llevando alimentos a sus familias, porque ellas son jefas de hogar, desde la cárcel”, cuenta María.
Jannett Torres, de la Pastoral Penitenciaria Caritas, corrobora que en el marco de la labor social que desarrolla esta organización se prepararon bolsas con alimentos de primera necesidad, arroz, fideos, aceite; así como ropa, material escolar, de limpieza y otros para que puedan cuidarse y protegerse del virus. “Hemos dejado en los centros penitenciarios de Obrajes y Miraflores de La Paz, y también en recintos del interior del país, pero también preparamos estas mismas bolsas para llevar a los familiares de las mujeres privadas de libertad”, complementa.
“Es muy lamentable la situación en la que viven los familiares de muchas señoras privadas de libertad, es una realidad que no se visibiliza”, subraya Torres.
“Hemos ayudado a una joven embarazada. Tenía un bebé recién nacido que necesitaba alimentarse con leche de fórmula, pero lo estaba haciendo con leche Pil. Todavía tienen un alto grado de desnutrición ambos,” relató.
En el caso de los niños, el Director de Régimen Penitenciario dice que ellos están al cuidado de sus madres, y con la trabajadora social también se realizan trámites para que sean atendidos por el Sistema de Salud Público, en el marco de los derechos que los amparan.
Insuficiente prediario de 8 bolivianos para 3 comidas
El sistema penitenciario se ha visto golpeado por la pandemia, pero la debilidad estructural del prediario de 8 bolivianos —equivalente a 1,14 de dólar— sin distinción de sexos, hombre o mujeres, para 3 alimentos diarios solo para la persona recluida, no es efecto de la emergencia, es mucho más antigua. Y en este contexto, los niños que están bajo el cuidado de sus madres se alimentan con lo que ellas pueden cocinar y también con la solidaridad de la olla común.
“Hay reclusas que tienen mayores posibilidades y no se alimentan de la olla común, generalmente esto beneficia a las madres que tienen niños”, la solidaridad entre ellas es importante, asegura Limpias.
Susana Saavedra afirma que el presupuesto de Bs 8 para 3 comidas diarias es insuficiente para mantener un estado saludable, especialmente de las mujeres y más aún si tienen que compartirlo con los niños. “El Estado debe invertir; no es falta de voluntad de las autoridades penitenciarias, sino del Estado a la hora de asignar presupuesto”, sostuvo.
De acuerdo con información de la Plataforma Ciudadana por Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos compuesta por 60 organizaciones de la sociedad civil, en 2019 el presupuesto para todo el sector judicial era el 0,54% del Presupuesto General del Estado.
La Fundación Construir en el Informe “Independencia Judicial y Acceso a la Información durante la Pandemia de COVID-19 en Bolivia” señala, con datos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, que el presupuesto general de la Dirección de Régimen Penitenciario para 2020 fue de 9.150.000 Bs, aproximadamente 1.327.000 dólares, monto insuficiente para administrar a nivel nacional los recintos carcelarios, garantizando condiciones adecuadas de satisfacción de los derechos básicos.
Urge la aplicación de una justicia con perspectiva de género
Susana Saavedra, directora de la Fundación Construir, sostiene que la mayoría de las mujeres que están privadas de libertad no representan un peligro significativo para la sociedad porque se trata de personas que cometieron delitos considerados menores; es ahí donde el Estado debería pensar en otro tipo de sentencias, en cumplimiento de recomendaciones internacionales y la jurisprudencia que existe en el país, y aplicando la perspectiva de género.
Naciones Unidas sostiene que en Bolivia, las mujeres están privadas de libertad principalmente por delitos menores, no violentos y de baja relevancia social, como microtráfico de drogas, robos y hurtos. La gran mayoría de estos delitos se consideran generalmente como delitos menores, dice Thierry Rostan.
De los datos de Régimen Penitenciario se desprende que de las 1.072 mujeres privadas de libertad, 307 (28%) se encuentran por delitos vinculados con las drogas y 269 (26%) por robo, hurto y delitos contra la propiedad.
La Defensoría del Pueblo, en una publicación sobre Mujeres Privadas de Libertad, resalta que “las mujeres detenidas por narcotráfico están vinculadas más bien con el microtráfico de drogas porque han sido acusadas por transporte de gramos de droga”. Muchas también “transportaban pequeñas cantidades” adheridas a sus cuerpos o en bolsas que habían ingerido.
“Vivía en situación de calle. Ingresé al COF por robo y aquí adentro no tenía plata, y una compañera me pidió que se lo agarre un paquete. Me encontraron con 58 gramos de cocaína, me sentenciaron a 8 años. Tengo 4 hijas, ellas están viviendo en hogares. Daría mi vida por verlas. No sé nada de ellas hace más de 1 año y 4 meses” (Anita)
Para Saavedra, el Estado debe priorizar las acciones de prevención del delito y en el marco de una justicia transparente, sobre la base de estudios, de visitas a las cárceles, de conocer lo que realmente está pasando en estos recintos aprobar reformas a la normativa que den vida a las leyes.
“Somos una sociedad que todavía no hemos superado la cultura machista, por eso cuando se habla de mujeres y justicia el impacto es mucho más grande porque en el caso de las mujeres siempre existe el sesgo de género. El impacto más profundo de enviar a prisión a una mujer es lo que dejan: hijos, cuidado de familiares con discapacidad, enfermos, familias desestructuradas. Y a la hora de juzgar lo más importante es leer la evidencia, del porqué una mujer recurre al delito”, recomienda.
Resistencia a la aplicación de sentencia constitucional que reconoce el trabajo doméstico
Cuando una mujer es detenida, al no poder demostrar un trabajo formal y un domicilio legal, el juez declara detención preventiva, argumentando riesgo de fuga.
Marisol Quiroga, directora de la Fundación Esperanza y abogada, expresa que demostrar trabajo y domicilio para mujeres pobres es muy dificultoso, considerando que la gran mayoría de las mujeres en Bolivia trabajan en el sector informal y son amas de casa, y tienen por sobre todo la responsabilidad del cuidado.
Un estudio realizado en la ciudad de El Alto por la Alianza Solidaria y presentado en marzo de 2020 da cuenta que el 80% del trabajo informal lo realizan las mujeres. Son ellas quienes venden comida, ropa, bisuturia, artículos de limpieza, gorros, guantes y otros, y lo hacen generalmente cargadas de sus hijos o hijas pequeñas en ferias y mercados.
La realidad de El Alto es muy parecida a lo que ocurre en las otras ciudades de Bolivia.
Considerando esta realidad, de que el 80% de las mujeres trabaja en el sector informal, para contribuir o sustentar, criar y alimentar a sus hijos, Quiroga destaca el lineamiento dado por el Tribunal Constitucional en la Sentencia Constitucional Plurinacional 1632/2014 de 19 de agosto de 2014, “que reconoce el valor económico que tiene el trabajo doméstico y que tiene respaldo en la Constitución Política del Estado”.
Esta disposición señala que una mujer que tiene hijos “está claramente demostrando que tiene un trabajo doméstico, es una labor jurisprudencial. Considerar esta jurisprudencia evitaría que muchas mujeres entren a la cárcel, en estatus de detención preventiva, esta es una muestra de justicia con perspectiva de género”.
Sin embargo, alerta que “las autoridades judiciales conocen muy poco de los lineamientos de avances desde la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, es decir, que hay algunos jueces que desconocen este lineamiento y otros que se resisten a aplicarlo y siguen exigiendo a las mujeres que demuestren que trabajan en una institución, y les piden un contrato”.
Cuando las mujeres quedan detenidas y tienen la jefatura del hogar tampoco pueden demostrar un domicilio porque lo único que les queda, en ese momento, es repartir a los hijos a los familiares o que la justicia se encargue de ellos llevándolos a casas de acogida. La mayoría de estas mujeres viven en alquiler, no pueden seguir pagando, entonces ya no tienen domicilio.
“Tengo 2 hijos menores. Cuando ingrese al COF la más chiquitita tenía 9 meses. Ellos están en hogares, en pasados días me los han separado, no se qué está pasando con ello y la justicia, no ve estos temas” (Nicol)
Enfoque de género una obligación que jueces y fiscales deben cumplir
“El ingresar a las mujeres a la cárcel tiene consecuencias dramáticas para ellas, pero son mucho más devastadoras para las mujeres pobres y/o de bajos ingresos y para su entorno familiar, principalmente si son madres”, lamenta Susana Saavedra, directora de la Fundación Construir, y añade que la aplicación del enfoque de género en la administración de justicia es un deber y una obligación que deben cumplir todas las instancias.
Esto, dice Saavedra, permitiría darle a la justicia un rostro diferente, de respeto a los derechos humanos, porque consideraría la realidad de cada una de las mujeres y de la sociedad boliviana en su conjunto. Además de cumplir la normativa vigente.
10 Lineamientos de jurisprudencia para aplicar justicia con enfoque de género
Considerando que el mayor número de privadas de libertad se encuentran en las cárceles por microtráfico, mujeres que infringen la ley por el tema drogas, es urgente el diseño de una política con otro enfoque. Según Saavedra, “la Ley 1008 no puede ser la única respuesta a los problemas de criminalidad”. Propone que la normativa boliviana incorpore las “Reglas de Bangkok”, recomendaciones internacionales que fueron aprobadas por la Asamblea de Naciones Unidas en 2010 y que protegen, en todas las etapas del proceso penal, a las mujeres privadas de libertad.
Nueva Estrategia Antidrogas del Gobierno considera el enfoque de derecho humanos y género
En línea con las propuestas de la comunidad internacional y países de la región, el ministro de Gobierno, Luis Eduardo del Castillo admite que no es posible sancionar con la misma pena a un pez gordo del narcotráfico que a una mujer embarazada o que es madre, generalmente de más de un niño y que se anima a hacer de “mula”, de introducir drogas en su vientre para llevar el pan de cada día a su hogar”.
En esa línea informó que se cuenta con una nueva Estrategia de Lucha contra las Drogas 2021-2025, que tiene 4 pilares e incluye un componente transversal que tienen un enfoque en derechos humanos y género.
“Hemos visto que la gran cantidad de mujeres que se dedican al microtráfico son específicamente mujeres, madres de menores de edad, son mujeres embarazadas que lo hacen por una necesidad económica. Por eso creemos que se debe priorizar este tema y necesitamos generar una política de género en el tema de la sanción con respaldo en la Constitución Política del Estado que nos habla del principio de proporcionalidad de la pena”, señala.
Del Castillo, ya en diciembre de 2020, anunció la voluntad del Gobierno de modificar la Ley 1008 de Lucha Contra el Narcotráfico para incorporar la proporcionalidad de la pena en delitos vinculadas con sustancias controladas.
Para la UNODC la Estrategia 2021-2025 es un avance
Tras la presentación oficial de la estrategia antidrogas 2021-2025 a la comunidad internacional, Thierry Rostan representante de la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas (UNODC) en Bolivia sostiene que el enfoque de Derechos Humanos y género es muy acertado considerando la alta vulnerabilidad de las mujeres ante el sistema de justicia penal.
Añade que el ministro de Gobierno, en la presentación de la Estrategia “en efecto planteó la problemática del encarcelamiento de mujeres por delitos menores y la posibilidad de recurrir a penas alternativas. Eso nos parece un avance, realmente un progreso significativo en la forma de ver las cosas”, sostiene.
En todo caso dice que se debe profundizar el tema y la UNODC tiene el mandado de brindar asistencia técnica a los Estados en la reforma penal y prácticas penitenciarias en línea con las reglas mínimas de las Naciones Unidas, las Reglas de Bangkok.
Código de Procedimiento Penal y microtráfico
Susana Saavedra, complementa indicando que existe la necesidad de modificar el Código Penal, recuerda que la Ley que fue abrogada en 2018 incorporaba el microtráfico, y era un avance. Para el ministro de Justicia, Iván Lima, uno de los problemas es la justicia penal y que por ello “es necesario reponer el debate sobre modificaciones al Código Procesal Penal.
“El Código de Procedimiento Penal abrogado daba soluciones estructurales a muchos de los temas que afectan a niños, niñas y adolescentes, y mujeres, incluyendo las privadas de libertad”.
Recomendaciones de Naciones Unidas
La Directora de la Fundación Construir recuerda que ya en 2017 Naciones Unidas recomendó no privar de libertad a las mujeres por delitos no violentos y microtráfico.
En julio de 2017 el Sistema de las Naciones Unidas en Bolivia instó al Estado Plurinacional de Bolivia a implementar políticas con enfoque de género en beneficio de las personas privadas de libertad y que consideren las necesidades, requerimientos y circunstancias específicas de las mujeres privadas de libertad, garantizando de esta manera el cumplimiento de sus derechos humanos y de las Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de libertad para las mujeres delincuentes (‘Reglas de Bangkok’)”.
Entre las recomendaciones de Naciones Unidas se encuentran:
-Promover medidas sustitutivas a la detención preventiva mediante una apreciación objetiva de los riesgos procesales
-Promover que los operadores judiciales hagan uso de su poder de discrecionalidad para mitigar las medidas privativas de libertad en función a criterios de género y mejorar las condiciones de vida de las mujeres privadas de libertad y fortalecer los programas dirigidos a esta población.
En 2019, el Estado Plurinacional de Bolivia aprobó la Ley 1173 “Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres”. Si bien es un avance, “no modificó el referido a delitos de alta peligrosidad como son las drogas y eso deja en indefensión a ese alto porcentaje de mujeres que se encuentran con detención preventiva y a muchas condenadas con penas muy altas, debido a la Ley 1008”, lamenta Saavedra.
“Me encontraron dentro del penal con 4 gramos de cocaína y estoy sentenciada a 8 años de prisión” (Anita)
Pero sobre la base de esta Ley N° 1173 también se ha podido lograr que varias mujeres de casos emblemáticos hoy puedan estar fuera de la cárcel e intentando recuperar el tiempo perdido. Un caso simbólico es el de MAV (por las iniciales de su nombre). Una mujer que fue sentenciada a 30 años de prisión debido a que mató a su esposo, cuando se defendía de las agresiones que le propinaba.
Este caso figura entre los emblemáticos debido a que la defensa logró que un caso con sentencia ejecutoriada reabra el proceso y considerando la jurisprudencia y el respeto a las normas internacionales admitan pruebas que benefician a mujeres que tienen bajo su dependencia personas o familiares con discapacidad.
Durante siete años soporté los golpes que me propinaba mi marido. Hasta me rompió los huesos. Era un guardia de seguridad. Un día —en defensa propia y el de mi hijita que en ese entonces tenía solo 9 años— le disparé con su propia arma y murió”. Me sentenciaron a 30 años (MAV)
Otro caso emblemático es el denominado –para fines de este reportaje- como “Rosita”; una mujer que logró, después de haber estado 4 años en situación de detenida preventivamente, se aplique el artículo 14 de la Constitución Política del Estado que establece que no puede sufrir ningún tipo de discriminación por ser mujer. Obtuvo la posibilidad de defenderse en libertad y puso a consideración del Tribunal Constitucional Plurinacional el ser juzgada en tribunales de la justicia ordinaria indígena.
En su historia Rosita cuenta que denunció haber sido víctima de acoso sexual por parte de un diputado nacional y sufrió “abuso de poder extremo”.
De 18.431 sentencias, solo el 13% consideró la perspectiva de género
El 26 de abril de 2021, la Defensoría del Pueblo informó, con datos del Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo de la Magistratura, que se identificó que de un total de 18.431 sentencias emitidas durante 2020, en diferentes materias de la jurisdicción ordinaria y agroambiental, sólo 2.395 tuvieron una perspectiva de género, lo que equivale al 13% del total.
Pese a existir jurisprudencia, dice Susana Saavedra, y el respaldo de todo un bloque de constitucionalidad y específicamente de 2 disposiciones que ordenan que los tratados de derechos humanos que han sido ratificados por el Estado tienen preferencia incluso sobre la propia Carta Magna cuando se consolidan derechos más garantistas, en el caso de los derechos humanos de las privadas de libertad su avance es muy lento.
Añade que estos compromisos internacionales dan nuevos deberes a jueces y fiscales, y manda a interpretar los estándares internacionales viendo más allá de la letra muerta de la normativa. Los administradores de justicia, enfatiza, tienen que dar vida a las leyes, a los derechos a través de la interpretación. Es su deber y una obligación que además ha sido complementada por la jurisprudencia en Bolivia.
La Presidenta del Comité de Género del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional, Karem Gallardo Sejas, en declaraciones a los medios de prensa, exhorta a quienes forman parte del sistema de justicia del país a sumarse a una verdadera muestra de aplicación efectiva de una forma de juzgar con perspectiva de género y materializar el cumplimiento de la CPE.
Silvia Eugenia Suárez, directora General de la Escuela de Jueces del Estado, manifiesta que a través de la formación y capacitaciones se está procurando el cambio permanente, de manera que se garantice como una práctica habitual y cotidiana en el tratamiento de las causas, hasta que se logre el empoderamiento de las juezas y jueces con sus preceptos con base en la perspectiva de género y derechos humanos.
Pilar Díaz, directora de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Sexual y en Razón de Género asegura que uno de los lineamientos que han trabajado y que ya tienen los fiscales de materia es la investigación estratégica con perspectiva de género, un paso muy importante para la atención que ameritan las personas privadas de libertad.
La Defensoría del Pueblo exhorta a aplicar de manera efectiva la perspectiva de género
La Defensoría del Pueblo exhorta al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, al Tribunal Supremo de Justicia y al Consejo de la Magistratura a adoptar medidas con carácter de urgencia para la aplicación efectiva de la perspectiva de género al momento de juzgar.
Esta institución admite que el “Protocolo para Juzgar con una Perspectiva de Género”, aprobado en 2016, es un instrumento que representa un avance importante respecto a las obligaciones adoptadas por el Estado boliviano para garantizar la igualdad y no discriminación, así como el ejercicio de los derechos de las mujeres y personas con diversa orientación sexual e identidad de género cuando la o el juzgador tome una determinación.
Con datos del Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo de la Magistratura, la Defensoría del Pueblo informó que de las 18.431 sentencias emitidas durante 2020, sólo 2.395 tuvieron una perspectiva de género. Los departamentos que más aplicaron ese protocolo fueron Potosí y La Paz.
Según la Defensoría del Pueblo, también se observó que a la fecha no se haya incluido la perspectiva de género en la línea jurisprudencial “Árbol de jurisprudencia”, del Tribunal Supremo de Justicia, aunque sí se cuenta con Autos Supremos en materia penal que se refieren al enfoque de juzgar con perspectiva de género y la falta de aplicación de la misma. La Defensoría del Pueblo pide al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, al Tribunal Supremo de Justicia y al Consejo de la Magistratura, en su conjunto, adoptar las medidas necesarias, incluyendo acciones correctivas, para promover la aplicación efectiva del citado protocolo en todas las materias y etapas procesales.
Además, demanda al Consejo de la Magistratura reforzar la difusión y aplicación de ese instrumento y la capacitación, por parte de la Escuela de Jueces, sobre su uso obligatorio. En esa misma línea, la institución defensorial señala que realizará seguimiento y coadyuvará a las instituciones con la competencia asignada por Ley a la Implementación del Protocolo para Juzgar con una Perspectiva de Género.
El “Protocolo para Juzgar con una Perspectiva de Género” fue aprobado por el Consejo de la Magistratura (Acuerdo N° 193/2016), por el Tribunal Supremo de Justicia (Acuerdo de Sala Plena N° 126/2016) y el Tribunal Agroambiental (Acuerdo SP. TA N° 23/2016) y debe ser aplicado en todas las materias del área jurisdiccional ordinaria, agroambiental en las diferentes etapas de un proceso y en la parte administrativa.
En la gestión 2017 y 2018, el Comité de Género del Órgano Judicial remitió ejemplares del “Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género” a todos los jueces del país (capital y provincias) para socializar y difundir esta herramienta al interior de Órgano Judicial.
Muchos de los jueces creen que la perspectiva de género es sólo para temas de violencia con las mujeres
El desconocimiento del alcance de la perspectiva de género a la hora de juzgar a una mujer y la resistencia a su aplicación, incluso sobre la base de la jurisprudencia que existe, evidencian que los juzgadores consideran que este enfoque sólo se debe aplicar cuando estamos frente a casos de violencia contra las mujeres.
Es decir, “los jueces consideran que cuando una mujer está en situación de infractora de la norma, no debe aplicarse la perspectiva de género”, alerta Marisol Quiroga y subraya que esto es un error: “este enfoque debe aplicarse incluso con las mujeres que están en calidad de infractoras frente al sistema penal”.
¿Por qué?
Porque la perspectiva de género, explica Quiroga, permite al administrador de justicia analizar la situación del hecho delictivo, el componente de la participación criminal de la mujer, la misma que puede estar imbuida por márgenes y estereotipos de género, y eso le permite al jugador analizar de manera objetiva el hecho fáctico que coloca a una mujer frente a la administración de justicia.
Y un segundo paso metodológico que tiene que considerar el juzgador es respetar lo que establece el artículo 15 de la Constitución Política del Estado, respecto a los derechos fundamentalísimos. Este artículo, dice Quiroga, no solo concede el beneficio de la perspectiva de género a las mujeres en situación de violencia, sino se refiere a las mujeres en general.
CPE-Artículo 15 I. Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual. Nadie será torturado, ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes. No existe la pena de muerte. II. Todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad.
El sistema judicial boliviano es el más patriarcal
La abogada especialista en temas de género Marisol Quiroga menciona que estándares internacionales y estudios realizados establecen que el sistema penal boliviano es nomás patriarcal y machista. El artículo del ITEI “Estado del Sistema Judicial Boliviano”, en la misma línea, señala que el Poder Judicial boliviano es completamente patriarcal, está predispuesto contra las mujeres y favorece a los hombres”.
“Si tenemos un juzgador que está frente a una mujer infractora, lo primero que tiene que hacer es analizar el hecho fáctico y posteriormente revisar cuáles son las normas especiales que protegen a esta mujer”, antes de tomar la decisión de enviarla a la cárcel, opina Quiroga.
Como ya se ha mencionado, entre las normas que protegen a las mujeres están las “Reglas de Bangkok”, las que brinda la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Naciones Unidas, entre otras.
“Entonces, es necesario ver el análisis de la perspectiva de género también para las mujeres que cometen delitos”, afirma y menciona que si bien es evidente que existe una fuerte resistencia “a las mujeres, esto no nos tiene que llevar a bajar las manos y por eso se tiene que seguir insistiendo con talleres, cursos de capacitación y sensibilizando a todos los que son parte de la cadena de operadores de justicia”.
Es muy importante, reflexiona, que la práctica de la aplicación del enfoque de género también parta de quienes son defensores; “tengo que exigir al juzgador, en mi petición, que aplique los derechos que tiene una mujer a partir de la Convención de Belem do Para para establecer con claridad que cuando estamos hablando de mujeres en un sistema de violencia también se debe considerar a las mujeres en privación de libertad y/ o infractoras de la norma”.
“Es verdad que hay una fuerte resistencia, no lo vamos a negar; sin embargo, consideramos que son caminos que nos están permitiendo desarrollar que las mujeres sean juzgadas de mejor manera bajo esos parámetros, desde una perspectiva de género”, agrega Quiroga.
Una clínica legal que visibiliza la jurisprudencia para contribuir a mejorar el sistema judicial boliviano
Desde agosto de 2018, la plataforma de Acceso a la Justicia con Derechos Humanos ha puesto en funcionamiento una Clínica Legal para la Defensa Estratégica de casos emblemáticos que contribuyan a sumar jurisprudencia y permitan mejorar el sistema judicial en Bolivia a la hora de implementar las tan necesarias reformas.
Marco Loayza, de la Fundación Construir y coordinador de la Clínica Legal, explica que este proyecto cuenta con el apoyo de la Unión Europea y trabaja a partir de iniciativas coordinadas y articuladas de las organizaciones de la sociedad civil en 4 departamentos, con expertos y expertas en materia de derechos humanos y constitucionalistas de renombre. “Hasta el momento se han sumado 15 instituciones que están llevando adelante demandas jurídicas para llegar a ser una defensa estratégica y desde 2019 se pone especial relevancia a la defensa de mujeres privadas de libertad con perspectiva de género”, comenta.
“Lo que busca la Clínica Legal es la incidencia a partir de estándares internacionales de derechos humanos y la jurisprudencia que se sume, a la ya existente en el ámbito nacional, y tenga los estándares más altos, especialmente de los tribunales de garantía”, dice.
En ese marco, añade que se han trabajado casos emblemáticos en el sistema ordinario y la idea es hacerlo a partir de toda la jurisprudencia internacional y nacional, y que los resultados permitan cambios en el sistema de administración de la justicia, de manera que estos sean tomados en cuenta por fiscales y jueces a la hora de tomar decisiones, pero fundamentalmente cuando se aborde el diseño de una política pública y una política de criminalidad con un enfoque que tome en cuenta de manera transversal los derechos humanos.
“Cada una tiene historia diferente. Hay casos de señoras que son muy pobres, no tiene ni lo más simple”
La Teniente coronel Karina Figueroa Sánchez, directora del Centro de Orientación Femenina (COF) de Obrajes sostiene que en ese recinto “cada una de las señoras tiene una historia. Que por las situaciones que les ha tocado vivir, una gran parte, son abandonadas por sus familiares, otras son extranjeras, de otros departamentos y del área rural y no tienen a quien recurrir.
“Un día en el COF empieza con el control de la lista y luego salen a los toldos. Antes de la pandemia por la COVID-19, durante el día pasaban clases, talleres en diferentes rubros, en el marco de la capacitación para mejorar su calidad de vida cuando salgan, pero ahora esas actividades están bastantes restringidas”, comenta.
Añade que desde la Dirección realizan diferentes gestiones para que puedan estar más tranquilas y sea más llevadera su estadía. “Realizamos actividades de baile, campeonatos, en los días festivos y feriados organizamos desfiles, hora cívica; también tenemos periódicos murales, tratamos de que hagan cosas de bien. Son personas que necesitan mucho cariño, a veces necesitan ser escuchadas por la situación en la que viven”.
Dice que en esta coyuntura la panadería y la lavandería son las áreas que están funcionando para apoyar a la economía de las privadas de libertad.
Consultada sobre el perfil de la población recluida en el COF, Figueroa comenta que la persona más antigua está como 12 años. Que hay señoras con enfermedades de base, de la tercera edad, también hay detenidas con VIH y embarazadas, también mamás con 18 menores de edad.
“Cuento con un equipo multidisciplinario que me colabora para brindar toda la ayuda que necesitan, sobre todo en temas de salud. La sociedad no se acuerda de ellas. Las instituciones niegan su colaboración, pero también hay familias de buen corazón. Desinteresadamente hacen donaciones. Todo se entrega en la cancha e intentamos que se beneficie el conjunto de la población. Con el apoyo de la Dirección de Régimen Penitenciario también se logra conseguir algunas donaciones para los menores que están con sus mamás”.
“Algo que me llena de mucha satisfacción es con las abuelitas, muchas de ellas pudieron concluir aquí sus clases, muchas aprendieron a escribir, es muy satisfactorio, será de gran ayuda cuando salgan. Una mujer que se prepara es una mujer que va a estar mejor”, finaliza la directora del COF de Obrajes.
Testimonios: 10 historias de vida de mujeres en las cárceles de Bolivia
MARIA: “8 años de cárcel porque me encontraron con 18 gramos de marihuana”
“Es la segunda vez que estoy acá. La primera vez me sentía muy mal, pequeñita, pensaba que me pasaría todo, tenía miedo, pensaba que aquí vivían las personas más malas, pero no es así. La realidad es otra. Aquí hay personas que han sufrido en la vida más que tú y han pasado peores momentos que tú. Algunas son inocentes y otras estamos aquí porque somos muy culpables.
Durante la pandemia hemos pasado momentos muy duros. Personas como yo no teníamos nada, y a otras no les podían venir a dejar nada, ni un plato de comida. Unos días era sopa o segundo y no alcanzaba y justo cuando no hay te da más hambre. A algunas otras personas, sus familiares les dejaban frutita, verdurita. Todos hacíamos milagros. En el tema de salud para prevenir el COVID nos han venido hacer pruebas, nos han metido cotonetes por la nariz, nos hicieron la prueba 3 veces.
Vivir en la cárcel es como vivir en un pueblo muy pequeño. Hay gente buena y hay gente mala. Si ven que estás bebiendo, se entera todo el pueblo. Si te estás haciendo daño, igual. Hay momentos muy tristes y momentos bonitos, porque entre nosotras nos contamos todo.
Han encontrado en una mochila, que ni siquiera la tenía yo, 18 gramos de marihuana tengo una sentencia de 8 años y 4 meses”, Mi familia está enojada y no tengo visitas.”
NICOL: “Estamos recluidas mi mamá, mi hermana y yo; mi hijita tiene 3 años”
“Yo no hice nada, solo fui a visitar a mi mamá. Era Semana Santa. Mi hermana menor se fue a bailar con su enamorado y cuando volvió llegó con la cara cortada. Con mi hermano fuimos a la casa del delincuente, él salió con un desarmador y una botella, y hubo pelea. El delincuente quedó en estado de coma. Yo solo fui detrás de mi mamá para ver que no le pase nada. Estamos aquí mi mamá, mi hermana y yo. Mi hermano y mi padrastro están en Chonchocoro.
Tengo 2 hijos, la mujercita tiene 3 años y el mayor 8 años. Mi madre, cuando la detuvieron, estaba a cargo de mis 3 sobrinos que quedaron huérfanos porque su mamá se suicidó hace ya varios años. Una de las niñas es tartamudita, ella y mis otros sobrinos están en un hogar. No sé qué está pasando con mis hijos, no tengo a nadie que los pueda ver, los han separado y están en hogares diferentes.
He gastado como 40 mil bolivianos en abogados. Pido ayuda a algún abogado, siempre vienen con rodeos, no sé qué pensar de la justicia, estoy destrozada. Defensa pública toman un rato el caso y se olvidan, se pierde el abogado con todos los papeles. A mi niña, a la más chiquitita, la he dejado de 8 meses”.
Jhoanna: “Soy extranjera y mi delito es no haberme divorciado, creen que yo tengo el dinero que mi esposo robó”
“Mi delito fue no haberme divorciado. Yo vivía separada de mi esposo desde hace mucho tiempo. Habían llamadas a mi teléfono y es porque tengo 2 niñas, cuando lo detuvieron yo grité porque me asusté. Me detuvieron por obstrucción a la justicia y me tienen solo por estar casada con este hombre.
No me dejan salir de ninguna forma para estar con mis hijos. He intentado ir al proceso abreviado, pero no me dejan. Es gente que tiene mucha influencia y cuenta con dinero. Durante la pandemia no hemos podido hacer mucho y los abogados venían solo a sacarnos dinero.
Mis hijos menores estaban en la Defensoría. Mi casa sigue precintada, no he podido sacar ni una aguja, sigo pagando 2.000 bolivianos de alquiler, hasta ahora no se ha podido llevar adelante la Inspección Técnica. Estoy enferma, tengo hernia de disco lumbar, si salgo tengo que estar en aislamiento 10 días y volver con una prueba PCR. Es mucho dinero, para salir a una consulta externa necesito más de 1.000 bolivianos. Acceder a una consulta en este reciento no es muy fácil.
Los días de la cuarentena fueron terribles, todas hemos salvado nuestras vidas como hemos podido. A mí me han traído medicamentos, pero hay mucha gente que no tiene a nadie y tampoco tiene recursos.
BEATRIZ: “Estoy aquí por haber sido testigo denunciante de abuso sexual a una menor de 3 años”
“Yo trabajaba con una familia muy conocida en los medios de comunicación. Me tocó ser testigo denunciante de un abuso sexual a una menor de 3 años. Yo avisé al padre de la menor, que está en Estados Unidos, lo que vi. El papá hizo la denuncia. La familia me acusó por haberle enseñado a la niña corrupción de menor.
El caso se inició en 2017, estoy detenida desde 2019. La verdad es que me da mucha pena la justicia porque no abre los ojos, no lee lo sucedido, no lee cómo empezó. Yo estoy involucrada en este caso solo por ser testigo denunciante. Lo único que yo pido es justicia; a la fiscalía, a la Defensoría de la Niñez, que lean el expediente y vean por qué motivo estoy involucrada.
Hay mucha injusticia, muestro mi rostro porque puedo decir a los cuatro vientos que soy inocente, Dios me está viendo y solo espero la justicia divina porque esperar la justicia del humano parece ser imposible.
Estoy a puertas del juicio oral, por esto de la pandemia no he ingresado a una audiencia a distancia. Quiero que el juez me escuche. Los abogados son gente indolente, que solo te roban el dinero.
El primer abogado me pidió 40 mil bolivianos, estoy endeudada. La segunda abogada me pidió 8.000 bolivianos, que también he tenido que prestarme y sin resultados. No han hecho nada. Tengo 4 hijas, la menor salió bachiller en 2019 y no fue a la universidad porque yo estoy en esta situación. Yo era el sustento en mi hogar, mi esposo está solo con toda la carga de la familia. Tenemos como 100 mil bolivianos de deuda en el banco. Tengo diabetes tipo 2.
Aquí nos deprimimos mucho porque la familia se rompe, los hijos están sin nuestro cuidado. Le hablo como madre. Yo era el sustento de mi hogar y de mis padres que también están enfermos, mi mamá es diabética y está a punto de perder la vista, tiene 75 años. Mi papá tiene el problema de cáncer de próstata y yo les ayudaba económicamente. Ellos ahora están con su bono que casi no les alcanza.
La defensa pública lamentablemente no nos ayuda mucho. Yo me anoté el año pasado, vino una doctora, me pidió todos mis papeles y nunca más se apareció.
Quiero hacer un llamado y tocar el corazón de mi contraparte, decirle que a veces pensamos que hacemos las cosas bien, nos podemos equivocar, somos humanos. Yo no soy una persona mala, tal vez he cometido un error y si lo he cometido pido que me perdonen, pero también que vean el lado positivo de mi persona. Pido a la justicia, a los jueces que lean nuestros expedientes y nos escuchen con el corazón y vean realmente cómo estamos acá. Lo más duro es vivir lejos de la familia.
Siempre escuchamos ese llamado que dicen: “Si ven, denuncien”. Por ser una denunciante estoy en la cárcel. La niña yo sé que está bien. Yo tengo los testimonios de la niña que en ningún momento me acusa directamente si ha sido influenciada por la mamá y el entorno familiar, ahí dice, pero lamentablemente ni el fiscal ni los jueces leen esa parte”.
Cuarentena
“Cuando empezó la cuarentena fue la parte más difícil para todas nosotras porque aparte de vivir lejos de nuestra familia, teníamos las restricciones. Fueron momentos muy críticos, muy duros. Algunas hemos perdido a algún familiar y no hemos podido darles un último adiós. Aquí también hemos enfermado. Gracias a Dios desde la dirección nos han cuidado. Yo también he contraído la COVID-19, he estado aislada un mes, pero gracias a Dios he recibido todo el cuidado, tal vez lo que afuera no tenían. Acá teníamos un médico que nos controlaba y nos daba la medicación, y hemos podido salir adelante.
Me siento tranquila, siempre he recibido respeto del personal de seguridad, tanto de la directora como de las oficiales, son seres humanos, nos tratan con dignidad, tenemos falencias; por ejemplo, en los baños, las duchas no están bien, pero a pesar de todo siempre contamos con alimentación. Tenemos especial el sábado: una sajta, un lechón, y los días miércoles hay el semiespecial: asado con sopa. Gracias a Dios tenemos qué comer, no nos falta.
ANITA: “Me encontraron 4 gramos de cocaína. Debo cumplir 8 años de prisión”
“He llegado al centro acusada de haber cometido robo agravado, pero estando aquí me han abierto una causa por la Ley 1008.
Me encontraron con 4 gramos de cocaína y me sentenciaron a 8 años de prisión. En el de robo agravado no estaba haciendo nada, mis antecedentes me perjudicaron. Yo me salí de la casa a los 13 años, mis papás estaban separados, mi madre era alcohólica y todos me pegaban.
En la calle conocí malos amigos, comencé a drogarme, era una niña en situación de calle. Pero ahora Ud. me ve aquí bien, llena de gozo, pero también de tristeza. He tenido parejas de la calle. El papá de mi hija mayor ha fallecido, el papá de mi segunda hija también. Mi tercera hija es resultado del abuso de tres personas y el papá de mi última bebita está en la cárcel de San Pedro.
Mis 3 hijas están en un hogar. No sé nada de ellas hace 1 año y 4 meses, No las veo, no sé cómo están, es una impotencia muy grande no saber nada de tus hijos, es como si me estuviera muriendo cada día, es muy triste no poder decirles te amo y que son la razón de mi vida.
Mi caso lo lleva la defensa pública. Tienes que tener suerte, a veces te cambian de repente. En el caso de la 1008 me han cambiado en distintos momentos, pero estoy bendecida porque siempre me han tocado buenos doctores. En el caso de robo agravado tenía un abogado inepto, pero lo cambiaron y ahora está muy bien.
Doy gracias a Dios por haber estado aquí durante la cuarentena. Yo creo que hubiera sido muy difícil tener que pagar alquiler, hubiera tenido que salir para conseguir dinero para comer, con el riesgo de llevar el virus a la casa y contagiar a mis hijas. Por eso agradezco a Dios. Gano mis pesos trabajando, por ahora estoy con taxi. También lavo ropa, lavo platos. Desde que ingresé no tengo visitas. Le prometo que daría toda mi vida para hablar con mis hijas o saber algo de ellas. Yo me he buscado esta vida y estoy consciente de mis actos, pero Dios siempre me bendice. Ahora está en marcha un nuevo indulto que nos han explicado podría favorecernos a los que tenemos sentencias menores a 10 años. Estoy ingresando mi carpeta. Seguiré luchando”.
EULALIA: “Viví 7 años con mis 5 hijos en el penal de Obrajes”
“Me han acusado de ser cómplice de violación y me han sentenciado a 10 años de prisión. He salido en libertad gracias a las gestiones de buenas doctoritas, que nunca nos han cobrado luego haber cumplido 7 años de reclusión. Todo ese tiempo me tocó vivir con mis 5 hijos en la cárcel de Obrajes.
Lo único que yo sé, es que para los pobres no hay justicia. Yo había denunciado el abuso a mi hija mayor, pero a la hora del juicio esas denuncias desaparecieron, y como son autoridades no se puede hacer nada, solo ellos tienen la razón. Como no tengo plata no podía pagar un abogado privado y la defensa pública, nos ayuda, pero no se mueven mucho. A mi por mis hijos trataban de ayudarme, pero lo real es que he vivido ahí dentro 7 años.
Dentro del penal me tocó trabajar de todo; cocinera, lavandera, cargadora, tejedora, hacía todo lo que se podía porque tenía que mantener a mis hijos, en el dormitorio los catres son de 2 pisos, la dirección me permitió usar dos camas. Desde la cárcel mis hijos lograron estudiar, pero fue una vida muy difícil, porque ahí dentro hasta la ducha tiene costo. Pero también la comida está garantizada, los médicos también nos ayudan. En ocasiones también van médicos del Arco Iris y otros.
Cuando uno está ahí dentro, sólo quieres salir. Pero lo que llaman readaptación es muy difícil. No es fácil conseguir trabajo. En la actualidad vivo con mis 5 hijos, en un cuartito, realizó trabajos de limpieza, tejo, hago guantes, gorros y todo lo que se puede para que mis hijos puedan estudiar, ellos tienen solo un teléfono celular y hace lo que pueden.”
ROSITA: “Estuve detenida preventivamente 4 años. Fui víctima del abuso del poder”.
“El 15 de enero de 2021 salí con una medida sustitutiva después de haber estado detenida preventivamente durante casi 4 años en el Centro de Orientación Femenina (COF) de Obrajes de la ciudad de La Paz. Ese día fue una lucha muy grande con el apoyo de la Fundación Construir y otras organizaciones se planteó la aplicación del artículo 14 de la Constitución Política del Estado que establece que no puede haber ningún tipo de discriminación en mi calidad de mujer. Aún estoy en etapa de juicio y a la espera de un resultado del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia.
Me realizaron una calumnia por el tipo penal de falsedad ideológica y abuso de firma en blanco. La acusación fue presentada por un diputado titular de Oruro en venganza, por la denuncia que yo realice de acoso sexual en la cual fue imputado.
Por una experiencia adquirida y por mis propios méritos yo llegue a trabajar a la Cámara de Diputado, y por casualidades de la vida conocí a estas autoridades de Oruro, el objetivo era apoyar a las mujeres indígenas, yo soy aymara de nacimiento, pero apenas empecé a trabajar, este diputado quería someterme sexualmente, quería utilizarme como un objeto sexual a cambio del sueldo que yo percibía y me animé a denunciarlo luego de que me retiraron injustamente y en venganza me calumniaron y por el abuso de poder todo el proceso avanzó muy rápido hasta mi encierro en la cárcel de Obrajes en abril de 2017. Sufrí un abuso de poder extremo.
La vida dentro la cárcel no es fácil, es muy dura. Cuando ingresé no tenía ni 10 centavos, ahí dentro todo cuesta. Uno tiene que pagar hasta para usar la ducha, primero era 10 centavos, subió hasta 50 centavos. Ahí conocí y vi que el 98% de la gente que está recluida es pobre y también el 90% es gente indígena de diferentes lugares. A enero de 2021 había una señora de 89 años en situación de detenida preventivamente.
En tiempo de pandemia hemos pasado momentos muy malos, no había médicos, no venían a trabaja no porque no querían sino porque no había presupuesto. Nos hemos tenido que curar con medicina tradicional. Yo personalmente me curé con orín. Muchas mujeres se han contagiado. Había una sala de aislamiento pero si no tenías familiares te dejaban a tu suerte. También era porque las autoridades no tenían protocolos ni tenían condiciones.
En esa época, primó mucho la solidaridad, lo humanitario. Si algún familiar traía 10 panes, nos repartíamos. Hacíamos sopitas juntando maderitas para encender un fogón porque no había gas. Muchas dejaban de comer para dar su ración a las que tenían hijos.
Hemos padecido de hambre. En lo jurídico no había trámites y para precautelar la salud se prohibieron las visitas. Un año sin ver a los familiares, una situación muy dura. Durante la pandemia también había mucho dolor por las muertes de los familiares y en ocasiones no teníamos ni teléfonos. Cada día había luto. Fue muy triste.”
VANESA: “Estoy con detención preventiva 6 años. Estoy solicitando ir a un proceso abreviado”
“Tengo 26 años, cuando entre a este recinto penitenciario tenía 18 años, soy extranjera, peruana. Estoy con detención preventiva 6 años. En septiembre del año pasado, siendo inocente, decidí ir a un proceso abreviado, pero la contraparte apeló.
Mi historia empieza cuando conocí a un boliviano que vivía en la frontera del desaguadero. Me enamoré, me cortejaba de una manera que siendo tan jovencita me impresionaba, viajaba lejos, cruzaba el país para verme. Estaba ilusionada. Cuando salí bachiller me fuí a la universidad a Arequipa, mis papás querían que yo sea profesional. Pero él me siguió hasta Arequipa y me convenció de que debíamos venirnos a Bolivia. Yo me escapé, estaba enamorada. Estando en Bolivia y porque mis papás me estaban buscando accedí a inventarnos que estaba embarazada.
Mi papá le hizo prometer a mi enamorado que me dejaría continuar con mis estudios. Pero una vez que empezamos a vivir juntos la historia cambio. Se volvió un hombre malo, me pegaba, era celoso, en extremo, no dejaba que me arregle, me despintaba los labios de manera agresiva, me regañaba y apretaba los brazos de todo y de nada. Un día me tiro con un cenicero, me escape y le conté a mi mamá una mentira. A pesar de todo yo lo seguía protegiendo.
Cuando volví, nada cambio, me seguía pegando. Un día, en la pelea yo agarré un cuchillo que estaba cerca. En su furia sujeto mi mano “mátame, mátame” me decía y me obligaba a que yo haga fuerza. Me hizo caer, se me nublo todo, cuando me di cuenta él estaba sangrando, lo lleve a un hospital, las enfermeras tardaron mucho tiempo en atenderlo pese a que estaba sangrando. Me pasaron gasa. Después de mucho rato lo atendieron pero murió.
Yo de tan enamorada que estaba quise quitarme la vida. Cuando me detuvieron me acusaron de homicidio culposo, pero extrañamente luego aparecí acusada de asesinato, sus familiares piden 30 años de prisión. Yo no creo ya en nada. Cuando un hombre te pega, tienes que dejar que lo haga, porque si te defiendes estas presa.”
VOCKI“Estoy casi 5 años en el COF. Sigo con detención preventiva”
“Soy una mujer de escasos recursos, tengo 59 años, estoy casi 5 años en el COF. Hasta ahora sigo detenida preventivamente porque no me dan sentencia. Mis trámites no avanzan, la gestora tiene toda mi carpeta.
Como no tengo dinero no puedo pagar un abogado particular y solo me defiendo con ayuda de la defensa pública. Ellos me lo ven mis trámites.
La justicia no avanza, todo de lo que me acusan es injusto. Es un problema de tierras, estelionato, pero está inscrito mi nombre en el registro, solo dice otros, en esos otros me han metido.
Gracias a Dios no me he contagiado pese a que en la primera ola caminábamos entre personas enfermas, pero yo tengo fe en Dios. Esos días no había médicos, todos nuestros casos estaban congelados. En este tiempo ya está viniendo defensa pública. Yo le pediría al Ministro de Justicia que vea nuestra situación, somos madres. Son 5 años que no veo a mi familia.”
SALOMÉ: “Los fiscales nunca investigaron mi caso. Soy de los Yungas me encerraron cuando tenía 19 años”
“Yo vivía en la región de los Yungas. Me ingresaron al Centro de Orientación Femenina de Obrajes (COF) cuando tenía 19 años. Estoy presa hace 10 años. Tengo una sentencia ejecutoriada de 30 años de prisión.
Los fiscales nunca investigaron cómo es que mis 2 hijos aparecieron muertos. Los niños estaban bajo el cuidado de su papá, era un hombre 11 años mayor que yo, era agresivo, me pegaba, me manejaba y arrastraba por el piso como un trapo, pero los jueces y fiscales nunca me escucharon, ni investigaron. Yo era una niña y estaba asustada. El informe del caso lo hizo un médico general y no un médico forense.
Ahora, en la penitenciaria, vivo con mi hijo de 1 año y 4 meses, tengo la esperanza de salir algún día con libertad. Me han facilitado la dirección de una casa en La Paz donde podría vivir y criar a mi hijo en libertad, trabajar por él, para que tenga un mejor futuro, pero la fiscal no me acepta, esa dirección como domicilio, y yo no tengo a nadie en la ciudad de La Paz y mi familia de los Yungas me han olvido completamente, solo el papá de mi hijo me ayuda con algo”.
Autora
Jannett Oporto Villegas es Comunicadora Social especialista en periodismo.
Una vez terminada su formación profesional en la Universidad Católica Boliviana (UCB) inició su trayectoria profesional en destacados medios escritos y audiovisuales: Red Uno, Cadena A, periódico HOY, Última Hora, La Razón.
Como comunicadora social fue parte del quipo de Extend Comunicaciones Bolivia. En 2013 fundó el medio de comunicación digital infoRSE, www.infoRSE.com.bo especializado en temas de responsabilidad social empresarial y Sustentabilidad y que pone especial énfasis en las buenas prácticas en lo social, económico y ambiental, con especial énfasis en la defensa de los derechos, uno de los temas que también se aborda en esta investigación y que fue parte de las motivaciones e inspiración para la realización de este trabajo.
